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  • Los tres días infames, tras el Dana de 29 de octubre de 2024, que quedarán para la historia

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    Según el artículo 28 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, son emergencias de interés nacional las siguientes:

          1."Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.
      2.Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico.

      3.Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.”

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    Esa misma Ley, que establece esos tres supuestos para declarar una emergencia de interés nacional, también dispone, en los artículos siguientes, que corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas, quien asumirá su dirección, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado.

    Al mismo tiempo, el Preámbulo de esa misma Ley 17/2015 dice que la respuesta inmediata a las emergencias es el punto crítico de todo sistema de protección civil, y que la intervención operativa del Estado se centra sobre todo, conforme a la doctrina constitucional, en los casos de emergencia de interés nacional, reforzando el deber de colaboración de todas las Administraciones que cuenten con recursos movilizables, a la vez que impone al Estado la obligación de poner a disposición de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales los recursos humanos y materiales de que disponga para la protección civil, en la forma que se acuerde en el Consejo Nacional de Protección Civil, estableciendo un criterio de reciprocidad, y exponiendo que es evidente que el Estado no puede desentenderse de ninguna situación de riesgo que afecte a una parte de la población, aunque sean otras las Administraciones competentes para afrontarla. De ello se desprende que los recursos que el Estado destina a estos fines son susceptibles también de utilización por las demás Administraciones, en tanto sea posible y conveniente para garantizar a todos los ciudadanos el más elevado nivel de protección.

    Mientras que el artículo 16 de la Ley 17/2015, define el concepto de respuesta inmediata a las emergencias de protección civil, como la actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.

    Así el contexto legal, se dicta el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en cuya Introducción se dice:

    “El domingo 27 de octubre de 2024 la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió un aviso especial en el que informaba de que una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se había situado en el interior peninsular, con la previsión de precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, con mayor probabilidad e intensidad en la vertiente mediterránea.

    La parte más severa del episodio comenzó a partir del lunes 28, convirtiéndose el martes 29 en la peor DANA en lo que va de siglo, siendo las comunidades autónomas más afectadas la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y, en menor medida, Illes Balears y Aragón. En algunos puntos, las lluvias han llegado a superar los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocando, entre otros, inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas y, lo que es peor, más de 200 víctimas mortales. Se trata del mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país y es ya la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo.

    La intensidad de las precipitaciones ha provocado graves inundaciones, que han ocasionado un gran número de fallecidos, desaparecidos, múltiples rescates, personas atrapadas en sus viviendas y vehículos, conductores inmovilizados en las autovías A-3 y A-7, cortes en la red de ferrocarril, inundación del aeropuerto de Valencia, interrupción de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, suministro eléctrico y telefonía, etc. […]

    Las zonas más afectadas han sido, en la provincia de Valencia, la zona de Utiel-Requena, l'Horta Sud, la Ribera Alta y Baja y la Comarca de los Serranos; en Albacete, el municipio de Letur, en el que se ha producido una riada; en Cuenca, el municipio de Mira; y en diversos puntos de Andalucía.

    La magnitud de la emergencia ha sido tal que, en solidaridad con la Comunitat Valenciana, se han sucedido los ofrecimientos de medios por parte de diversas comunidades autónomas, ciudades autónomas, así como de numerosos organismos internacionales, para atender las múltiples emergencias de personas atrapadas y aisladas en los municipios afectados.

    El Estado ha desplegado hasta la fecha más de 7.500 efectivos militares y 10.000 policías nacionales y guardias civiles, así como varios grupos especializados en salvamento y actividades subacuáticas, con el fin de rescatar a supervivientes, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles. Estos efectivos están siendo asistidos, además, por unos 5000 militares en sus bases de origen, por equipos digitales y satélites de última generación y por una flota de 400 vehículos especializados, 30 helicópteros, medio centenar de drones y de embarcaciones y un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos, de quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo. Asimismo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha contribuido con 100 efectivos y 30 vehículos de Vigilancia Aduanera.

    Se trata del mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz. […]

    […] De este modo, y de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 5 de noviembre de 2024 ha acordado declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil las comunidades autónomas de Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears y Aragón, como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 […]”

    Siendo todo ello así, a qué vinieron esos tres días infames, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2024, ambos inclusive, que quedarán para la historia, con mensajes, incluso en el día 2 de noviembre de 2024, como “[…] Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso. […]”, o aquel otro mensaje de que no podemos pretender en un país que el ejército haga todo.

     

    No tengo palabras para expresar lo que me ha impactado esta catástrofe y la nefasta gestión, especialmente, por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana como del estatal de España, tanto respecto a la pérdida de oportunidades para las personas con los errores en la comunicación inmediata de la alerta y de prevención de toda emergencia, como respecto a la esencial respuesta inmediata en las primeras 72 horas, ¡tres días¡, con la finalidad de rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada, y que, al menos, las personas afectadas no tuvieran sensación de abandono en esos primeros momentos.

    Esos tres días infames quedarán para la historia y nos describe tres posibles representaciones de España, la primera, el pueblo, la mayoría solidaria y resiliente, que sin recursos ayuda voluntariamente sin condiciones y sin colores políticos, que ha acuñado, el pueblo salva a el pueblo; la segunda, el Rey que, ante la actitud de los representantes políticos, ofreció de forma inmediata a la Guardia Real indicándoles a esos mismos representantes políticos el camino que había que seguir, el mismo camino que indicaba e indica de manera clara la Ley 17/2015; y la tercera, esos representantes políticos, unos aparentemente ineptos o sin recursos ni formación suficientes, y otros aparentemente maliciosos o irresponsables, lo que pone de manifiesto que muchos políticos son un gasto innecesario.

    Así, esto me recuerda otro capítulo de nuestra historia, en el que también se puede hacer la misma distinción, con aquellos que, desde lo que hoy es España, fueron al nuevo continente que se denominó América por los europeos, los primeros, el pueblo, que no eran tantos, se mestizó, construyeron hospitales, universidades, plazas, catedrales, ciudades, y crearon una nueva sociedad y comercio, donde el centro estaba en América, entre Filipinas y la península ibérica, con los valores disruptivos que en aquellos tiempos representaba el catolicismo, durante el inicio de la edad moderna, los segundos, la Reina Isabel la Católica, que indicó el camino con esos valores y estableciendo que los indígenas eran súbditos igual que los de la península ibérica, así como innovadoras leyes para la época, y los terceros, los representantes allí destinados o nombrados, unos hicieron honor a los valores que representaban y otros no, a estos últimos, que hicieron cosas infames, los denunciaba la figura establecida por la Corona, el protector de indios, y en algunos casos se les sancionaba y metía en la cárcel.

    ¿Cuáles de todas esas representaciones éramos y somos realmente los españoles? La respuesta parece clara, la del pueblo solidario, resiliente y acogedor, en ningún caso las otras, aunque obviamente, para los enemigos y demagogos, seremos la que hace cosas infames.

    Dicho esto, nosotros también somos parte de Hispanoamérica, con lo que ello representa, y eso se lo debemos explicar a los que ahora están viniendo de África.